El Ayuntamiento de León comenzó hace tiempo la reurbanización de la avenida Ordoño II, mas el primer intento quedó abortado tras advertir los técnicos que existían errores en la tramitación de los permisos adecuados. El plazo de presentación de ofertas acababa el 4 de junio, medio mes después la junta de gobierno aprobara la licitación el 15 de mayo. No obstante, el Consistorio ha subsanado de forma rauda las carencias que faltaban en la documentación para hacer públicas las ofertas. Con ello, se dio luz verde para que las empresas y contratas presentaran sus candidaturas para hacerse cargo del proyecto, que presumiblemente comenzará a realizarse en el mes de agosto.
Los rectores municipales han oído las críticas masivas por parte de los partidos de la oposición así como la de los comerciantes y colectivos que se mantienen contrarios a dicha reurbanización, mas al final han optado por seguir adelante con el proyecto y hacerlo lo antes posible. Según sus previsiones, a medio y largo plazo los ciudadanos abrazarán la iniciativa de peatonalizar de forma integral la avenida, no dejando pasar ni siquiera al transporte público. Así mismo, se asfaltará con una nueva imagen, igualando el nivel de las aceras y rematando el diseño con dibujos geométricos de tonalidades verdes y marrones.
Actualmente, el proyecto está en lo que se denomina fase administrativa. El pasado 30 de junio se dio por cerrada la recepción de ofertas, derivando a que el día 2 de julio el Ayuntamiento celebrara el acto de publicación de los nombres de las empresas adjudicatarias. Los candidatos finalistas han sido la Comercial Industrial de Áridos SA (Ciasa), Pracer Servicios y Obras SA, y las UTE formadas por Geoxa-Presa Ibáñez y Domingo Cueto-Excarbi. De forma inmediata, y apenas cuatro días después, el Consistorio presentó la propuesta técnica que tendría que ser analizada y aprobada el 8 de este mes como muy tarde, lo que se cumplió.
Ahora, los técnicos municipales están analizando las distintas intervenciones técnicas que plantean las empresas adjudicatarias. Se evalúa el plazo de ejecución fijado en cinco meses, mas que mantiene una cláusula que contempla la posibilidad reducir dicha estimación para -incluso- terminar antes de final de año. Esa peculiaridad otorga a la empresa en cuestión cinco puntos sobre cien en la valoración final. Por otro lado, existen veinte puntos más que dependen del plan de actuaciones que se lleve a cabo, un proceso que será emitido de forma concienzuda por los técnicos del consistorio.
La puntuación final que logre el proyecto presentando por cada empresa se publicará en la próxima mesa de contratación, que sucederá en la semana venidera, momento en el que también se procederá a abrir las ofertas económicas. Y es que, todas las fórmulas deben mantenerse por debajo de los 480.000.000 euros, IVA incluido, del tipo máximo de licitación. Ese precio que presenten marcará un total de 55 puntos más de esos 100 totales, a los que se podrá sumar otros 20 más según las reglas de control de calidad y el aumento de la garantía del acabado. La suma total de todos esos conceptos, que se espera esté redactada en este mes, resolverá qué oferta resulta adjudicataria.
