Llama al 807 499 804
Los lobbies son los grupos de presión que influyen sobre los políticos y las administraciones para conseguir determinados intereses particulares favorables para sus negocios, empresas o proyectos adheridos.
El nuevo reglamento que pretende aprobar el Ayuntamiento de Valencia, impulsado desde la delegación que dirige Elisa Valía, la concejala delegada de Transparencia del Consistorio, contempla en su primera disposición que el consistorio adopte una normativa capaz de regular la transparencia de la actividad de los lobbies en el ámbito del Ayuntamiento de València, creándose un registro de estos grupos.
Su idea es seguir los pasos marcados por la propia Generalitat Valenciana, que impulsó la llamada Ley de lobbies que se aprobó a finales de 2018, en la que se fraguaba un registro electrónico y obligatorio de estos grupos para hacer efectiva su identificación pública, así como un listado actualizado de cuáles eran sus actividades tales a reuniones, audiencias y comunicaciones.
La norma, no obstante, está en pausa debido a que el decreto de la Conselleria de Transparencia no superó la aprobación del Consell Jurídic Consultiu al no haberse tarificado la partida correspondiente en las cuentas anuales de la Generalitat Valenciana para la síntesis de esta herramienta a nivel autonómico.
La ley expone que la Generalitat trabajará con el resto de instituciones y administraciones públicas, concretamente con la administración local, para ser transparentes en cuanto al seguimiento de esos grupos de presión. En este sentido, se suscribe en la ley que se podrán hacer uso de todo tipo de mecanismos de colaboración y de interoperabilidad y que, además, los ayuntamientos podrían anexionarse al registro de lobbies de la administración autonómica.
También podrían, incluso, poner en marcha su propio sistema. De momento, en el Ayuntamiento de València todavía no han explicado cuál es la intención final, si adherirse al registro que sintetice la Generalitat o si dar a luz a uno por su cuenta. Lo que sí es seguro es que se hará de alguna forma u otra.
Plan de choque contra la corrupción
El reglamento exige al Ayuntamiento a aprobar un Plan de Integridad, en colaboración con la Agencia Valenciana de Antifraude, que dirige Joan Llinares. Es un convenio o protocolo de actuación colaborativa para prevenir y detectar incumplimientos y posibles corrupciones.
En las medidas redactadas, se abordarán hechos tales como el conflicto de intereses y la actuación de terceras partes relacionadas con la administración, así como la prevención de cualquier tipo de riesgo penal. Se incluiría también un buzón anónimo cual canal de denuncias (interno y externo) donde se garantizaría la confidencialidad y la protección de los denunciantes.
Una vez aprobado el reglamento, el Ayuntamiento deberá elaborar el Plan en un plazo máximo de dos años.
Aplicación de la normativa sobre los alquileres municipales
El nuevo reglamento de Transparencia a aprobar enuncia diversas consideraciones, como las medidas concretas a aplicar para mejorar la publicidad de la gestión municipal en los relativo a la contratación y aplicación de subvenciones. Según la edil Valía, la idea ha sido ir más allá de las reglas de transparencia aprobadas a nivel estatal y autonómico.
Será obligatorio publicar el contenido de todos los contratos existentes, publicando mensualmente los contratos menores que, hasta ahora, se hacía de forma trimestral. Ahora aparecerá, además del número de expediente, el importe o quién es el adjudicatario, las empresas o personas físicas que fueron invitadas a presentar ofertas.
También se deberá publicitar la identidad de los subcontratistas, así como el importe de cada operación similar y el porcentaje de cada servicio subcontratado. Se busca ofrecer datos estadísticos veraces que dictaminen qué parte del presupuesto está siendo adjudicada por cada uno de los procedimientos abiertos por las licitaciones públicas.
Será obligatorio exponer públicamente los servicios municipales gestionados en régimen de concesión, así como una lista de todas las viviendas que el Ayuntamiento de València tiene en alquiler, concretando su situación, las condiciones, la vigencia y la renta.
Tiempo máximo para poder acceder a la información
El Ayuntamiento deberá adaptarse a los criterios de derecho a la información del Consell de Transparència, estando obligados a suministrar la información solicitada de forma pública a quien lo pregunte y en un plazo no mayor a siete días.
