A instancias de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 8, ha solicitado al Ayuntamiento de Zaragoza, toda la documentación relativa al proyecto de construcción del tranvía y su coste final completo. También se incluyen en la providencia seis puntos en los que se incluyen las peticiones de la memoria para el establecimiento del servicio del tranvía, la creación de la sociedad con una forma de gestión indirecta a través de economía mixta, estatutos y el reglamento que rige el servicio.
En su actuación de oficio la Fiscalía reclama también la resolución de la adjudicación al consorcio TRAZA como socio privado al 80% de la SEM y la escritura de constitución de la Socidad de Economía Mixta en el año 2009. La Fiscalía también quiere conocer si después de que se aprobara el texto refundido del PGOU, hubo alguna modificación que contemplara la urbanización y trazado de la línea número 1 del tranvía de Zaragoza.
Fernando Rivarés, consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza ya ha dado orden a la SEM para que haga llegar los documentos a la Fiscalía con las certificaciones de obra pertinentes. Ha expuesto en rueda de prensa que lo que investiga es el modo y manera en que se convoca y resuelve el concurso y adjudicación de las obras del tranvía con un consorcio en el que el Ayuntamiento es el principal socio.
Se espera no afecte a la negociación que actualmente se tiene con el Gobierno de Aragón ya que el convenio del tranvía establece un precio fijo de 400 millones de euros, habiendo un contrato con la SEM y otro entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza en el cual se plasma la forma de pago, siendo de obligado cumplimiento.
El Gobierno de Aragón, adeuda 40 millones de euros al Ayuntamiento de Zaragoza, foco de las negociaciones para el pago de dicha deuda, existe una comisión técnica que revisa el convenio y la obra y el consistorio ha pedido la certificación de las obras. Por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, se ha dado la orden del pago de la última parte que debía por un importe de 14,8 millones de euros y seguramente habrá de pedir un crédito para pagar la parte del Gobierno de Aragón que asciende a 14,8 millones de euros por tercer año seguido, aunque está todavía en plazo para satisfacer el pago él mismo.
El Ayuntamiento no se va a personas ya que sólo es una petición de información del Ministerio Fiscal y aparte la estrategia acordada por el Ayuntamiento de Zaragoza es el no personarse, si están bien representados los intereses municipales por la Fiscalía.