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La nueva Ley gallega de función pública tiene presente actualizar las leyes actuales con el fin de adaptarse a la norma básica estatal que afectará a todas las entidades públicas y ayuntamientos.
Con ello, esta ley en la Comunidad de Galicia va a suponer cambios en el personal y en recursos humanos, al unificar, de alguna manera, el tratamiento a los empleados públicos autonómicos y la reasignación de personal efectivo, dependiendo siempre de los requerimientos de cada actividad.
Este nuevo marco legislativo afectará no sólo a los empleados públicos de la Xunta, sino también de entidades locales, entes instrumentales, personal de administración de universidades y de otros organismos públicos de toda la comunidad.
Responsables de la Xunta establecern que se quieren apostar por el ‘principio de evaluación continua’ de la actuación de los empleados públicos. Esto quiere decir que se va a ratificar la carrera horizontal de los funcionarios pero sin cambios en el puesto de trabajo. Se tendrá en cuenta la antigüedad y los méritos profesionales.
También se podrá ‘incentivar’ el trabajo de los empleados públicos para que se sienten motivados, con el fin de que se formen. También se valorará su actitud profesional individual. Para materializar tales incentivos se prevé ascensos y mejoras económicas que van a quedar fijados tras el desarrollo de esta Ley.
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