La Ley de Reforma Local que quiere poner en marcha el gobierno choca con los intereses de muchos ayuntamientos españoles. Tanto es así que los consistorios han presentado recursos y ahora el Tribunal Constitucional los ha admitido a trámite.
En concreto, se trata de nueve recursos procedentes de cuatro parlamentos (Extremadura, Cataluña, Navarra y Andalucía), cuatro gobiernos autonómicos (Andalucía, Asturias, Cataluña y Canarias) y varios partidos de la oposición.
Las medidas por las que están en contra de la reforma local son que priva a los ayuntamientos de autonomía política y de su financiación. Además de la supresión de muchos otros servicios que son cruciales y básicos para los ciudadanos de muchos ayuntamientos.
Un ejemplo de ello se da en Cataluña, que ha recurrido esta Ley al establecer que hay u total de 24 preceptos que vulneran competencias de la Generalitat. La admisión a trámite hará que el Tribunal pueda resolver estas medidas en breve.
Según la Generalitat, no es factible que la ley determine los sueldos de los alcaldes en función del tamaño de los municipios. Creen que la reforma de la ley no deja margen suficiente para que las autonomías lo adapten a las características de cada población.
Se considera que esta ley ofrece trabas para la gestión de los ayuntamientos al no tener una capacidad de gestión propia en materia de política social, de recursos y de instrumentos. Ello verá como muchos ciudadanos no podrán acceder a los recursos que hasta el momento tenían.