Este martes la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado el proyecto de reglamento orgánico del nuevo Tribunal Administrativo Municipal de Recursos Contractuales, que va a tener la competencia de resolver aquellos recursos especiales en materia de contratación, con lo que el Ayuntamiento de Zaragoza contará con su propio tribunal de contratos.
Este proyecto con el voto afirmativo de los grupos municipales a excepción del grupo municipal de Vox que se ha abstenido ha salido adelante y deberá ser ratificado ahora en el próximo Pleno Municipal que se celebrará el 30 de septiembre para que comience este tribunal a funcionar en octubre.
La creación de un tribunal de contratos propio para el Ayuntamiento de Zaragoza ha venido determinada por las cifras existentes de contratación en el Consistorio zaragozano, que cuentan con un crecimiento exponencial, y también por la disponibilidad de poder trabajar con medios tecnológicos que sean más eficaces para poder afrontar las tramitaciones con gastos de gestión más reducidos. Así se pretende simplificar también todos los trámites a los licitadores que sean necesarios a la hora de resolver los posibles recursos y poder también ampliar los mecanismos garantistas que se tienen en materia de contratación.
También se ha tenido muy en cuenta el actual contexto que se ha derivado de la reciente declaración del estado de alarma a raíz de la pandemia generada por la propagación del virus del Covid-19 y todos los posibles efectos que ha tenido y pueda tener en la contratación municipal, con una previsión a corta, media y larga distancia de que es posible que se vayan a disparar y ampliar en gran medida los recursos necesarios, según ha apuntado la consejera de Hacienda, María Navarro, en rueda de prensa.
Según el proyecto aprobado este Tribunal Administrativo Municipal de Recursos Contractuales va a estar compuesto por un presidente y, al menos, dos vocales que más tarde podrán incrementarse en un número impar y nombrados por el Pleno si es que aumenta el volumen de asuntos sometidos a su conocimiento.
Esta designación del presidente se va a realizar entre funcionarios de carrera del grupo A1, entre los que cuenten con la titulación en Derecho y que al menos durante 15 años hayan desempeñado su actividad profesional en la rama de Derecho Administrativo, preferentemente con la contratación pública.
Los vocales designados también deberán cumplir con todos estos requisitos, exceptuando la antigüedad profesional exigida, que en el caso de los vocales será de 10 años.
La duración de este mandato de estos miembros del tribunal va a ser de seis años y de determina que no podrá prorrogarse.
Entre las competencias establecidas están las de conocer y resolver aquellos recursos especiales en materia de contratación, las de adoptar las decisiones sobre aquellas medidas cautelares o provisionales, el conocer y resolver las reclamaciones en sectores como puedan ser el de seguro privados, planes y fondos de pensiones, de ámbito tributario y también de litigios fiscales, el de conocer otros recursos y reclamaciones que se puedan atribuir a los órganos competentes.
