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El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha declarado que resulta insuficiente el actual sistema de financiación municipal. De hecho, insta al Gobierno a poder revisarlo al englobar datos de los ayuntamientos iguales al inicio del periodo democrático.
Considera que el actual marco de financiación pública no es el adecuado y se escapa de la realidad al estar realmente descentralizado. Todo ello provoca un déficit por parte de algunos ayuntamientos que acaba siendo insostenible. Algunas de las nuevas condiciones sobre planes de financiación ha obligado que el 19,5% de los planes de los consistorios acabaran en manos de grandes empresas, o bien de gestores de obras municipales a las que los ayuntamientos les deben bastante dinero.
EL Tribunal de Cuentas cree que estos planes pudieron resolver cuestiones a corto plazo pero no permitía asumir otros compromisos, tanto a medio y largo plazo. Y, como los ayuntamientos no tenían un plan de saneamiento de manera obligatoria, no tuvieron que llevar a cabo una mayor disciplina presupuestaria.
Algunas cifras demuestras todo ello, como el hecho que el 36% de las entidades que fueron acogidas a estas medidas no abonaron cantidades dentro del plazo, 171 tuvieron ciertas retenciones en sus participaciones en los ingresos del Estado, y enero de 2014, 202 entidades locales todavía debían dinero por tales planes.
Además, se realizaron excepciones al régimen general y no se aplicó correctamente la Ley, algo que es duramente criticado por el Tribunal de Cuentas, como es la gestión de la carga financiera del pago a proveedores.
