El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dio por válido ayer el expediente abierto que regulaba la compra de viviendas que pertenecían a entidades bancarias. Para tal hecho, ha destinado 449.000 euros.
Las viviendas a adquirir son seis apartamentos no colindantes y ubicados en distintas áreas de la ciudad. El cometido final que tiene el Consistorio en mente tras su compra es poder destinarlos a familias vulnerables socialmente, habilitando para tal efecto el alquiler social.
Localización de los apartamentos
Todas las viviendas están distribuidas entre el distrito de Salud-La Salle, el de Ofra-Costa Sur y el del Suroeste, y los precios que los bancos habían fijado sobre ellos estaban comprendidos entre los 74.000 y 108.000 euros.
Según lo declarado por la concejalía de Infraestructuras y Patrimonio, las negociaciones se llevaron a cabo en una mesa donde había hasta nueve representantes de distintas entidades financieras, a las que el ayuntamiento les solicitó listados de viviendas para poder ejecutar la adquisición bajo un acuerdo afín a ambos comprometidos. Tras largas negociaciones, se llegó al acuerdo de comprar seis, aunque el Ayuntamiento ha suscrito el compromiso de continuar luchando por incrementar ese número de viviendas en favor de las familias sin recursos.
El papeleo oportuno para poder ejecutar la transacción y habilitar así el reparto de las viviendas, se hará de forma exprés en manos de la propia Junta Local de Gobierno. Concretamente, dicho cometido administrativo lo dirigirá el mismísimo edil Dámaso Arteaga, asumiendo él mismo ponerse en contacto con las entidades financieras correlativas y cerrar los trámites lo antes posible. Según las valoraciones y estimaciones hechas, se prevé que todos los documentos están sellados y las viviendas preparadas para poder ser ocupadas, a principios de enero del 2021.
Plan inicial del Consistorio con la compra de viviendas
Inicialmente, el Consistorio tenía en mente adquirir veinte pisos, mas el resultado final ha sido solo seis. Según lo expuesto, el problema principal de no haber podido suscribir más se ha debido a que las viviendas tienen que cubrir una serie de requisitos básicos e imprescindibles, como el estar debidamente inscritas en el registro de la propiedad, no estar con okupas y estar aprobadas en el plan de habitabilidad.
Según palabras del alcalde, se compromete a seguir buscando más propiedades afines a la normativa para ayudar así a las familias más necesitadas que necesitan un hogar digno. Ratificó su propósito inicial de llegar no solo a esas veinte que se proyectó en un principio, sino a doblar el número o incluso firmar más aún, dependiendo de la situación económica y social que se vaya dando durante los próximos meses y años.
Cabe destacar que los destinatarios de estas viviendas serán –sobre todo- aquellos cuya precaria situación de vulnerabilidad se deba a ser víctimas de una ejecución hipotecaria, una de tipo arrendaticia o cualquier proceso similar que desemboque en perder su vivienda y verse en la calle, esto es, un desahucio.
El proceso de alquiler social por el que se regirá la asignación de las viviendas lo normalizará Provivienda, que se ocupará a su vez de filtrar a los posibles beneficiarios según lo que analice de los Servicios Sociales municipales.
