La nueva Ley de reforma local, limita la cuantía de los sueldos de ediles y alcaldes de todos los ayuntamientos del Estado. También aclara cuales son las competencias que deberán de asumir por su parte diputaciones y ayuntamientos.
Aunque casi el 50% de los municipios están saneados o tienen superávit, ésta reforma ahorrará unos 8.000 millones de euros hasta 2019. En España existen actualmente 8.116 municipios. Cada año ésta cifra se reduce al incorporarse algunos municipios como pedanías o barrios de otros, perdiendo así su actual estado.
Uno de los principales cambios introducidos en la nueva Ley, es la eliminación del “coste estándar”, para el cálculo del coste de suministros de agua o recogida de residuos. Frente a la introducción del “coste efectivo”, las administraciones locales estarán obligadas dentro de tres meses a publicar el coste real de los servicios y si éste coste efectivo es demasiado alto, se traspasarán las competencias a las comarcas, mancomunidades o diputaciones, para su optimización y control.
La nueva ley
Se incluye una regulación salarial para ediles y asesores y cuales podrán tener dedicaciones exclusivas y cuales no. También para todo el personal de servicios públicos, cuyo fin no es otro que la unificación salarial de los gremios.
El sueldo de los alcaldes y diles de las corporaciones locales, será como máximo de 100.000 euros:
Alcaldes para municipios de más de 500.000 habitantes, podrán percibir el 100% del sueldo. Disminuyendo hasta un porcentaje del 20% para municipios de entre 1.000 y 2.000 habitantes, el resto no pueden percibir sueldo. Los concejales el 82% no tendrá sueldo y el resto cobrará a partir de la puesta en vigor de la ley. Los asesores irán en sintonía con el tamaño del municipio y en total podrán haber 6.489 en la totalidad de los municipios españoles. En los municipios de 50.000 a 500.000 habitantes, sólo podrán existir el mismo número de asesores que de concejales. Para las seis ciudades más grandes de España, que superan los 500.000 habitantes, la cantidad máxima nunca podrá superar el 0,7% del total de la plantilla. Luego disminuye hasta los municipios de 5.000 habitantes en los cuales no puede haber ninguno contratado.
