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El tan sonado caso Vidal suscitado en Parets del Vallès en julio tuvo hace días un suceso importante de sanción, que consistió en la emisión de una denuncia por parte de la Generalitat contra los funcionarios de la Guardia Civil que emprendieron interrogatorios a varios cargos de la Generalitat, cuyos fueron realizados en la última semana del pasado mes. Estos interrogatorios estaban relacionados con los preparativos del referéndum.
Jordi Turull, el conceller de Presidencia, publicó en su cuenta Twitter una fotografía del documento emitido a la fiscalía, en el que se encuentra la denuncia formulada ante los responsables de tales actos.
Los interrogados específicamente fueron, el exportavoz del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena; el director de comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet; el secretario de la Presidencia, Joaquim Nin, y la jefa de Comunicación de la Consellería de Asuntos Exteriores, Anna Molas y otros más.
Esta actuación de los guardias fue “una clarísima vulneración de derechos fundamentales’, asegura Turull, quien anunció el miércoles 26 de julio que el Govern interpondría la denuncia al entender la clara violación de los aspectos mencionados.
‘Pedimos que haya la misma celeridad a partir de la denuncia de estos hechos que la que hay en todo lo que hace referencia al proceso catalán’, ha expresado Turull en unas declaraciones que dio a varios periodistas en Parets del Vallès (Barcelona).
El conceller de la Presidencia, señaló que tal como se comprometió el Govern, el pasado miércoles con base en ‘cómo iban estos interrogatorios de la Guardia Civil y una vez analizados por los servicios jurídicos de la Generalitat’, han presentado una denuncia formal en el Juzgado de Guardia ‘por entender que, según los servicios jurídicos, pueden ser constitutivos de hasta cinco delitos graves’.
Además de esto, añadió que “Insinuar o querer imputar por sedición a trabajadores públicos, altos cargos de la Generalitat y personas de entidades por el hecho de participar en la web del Pacto Nacional por el Referéndum o el Registro de Catalanes en el Exterior es una desproporción absoluta, un desconocimiento de la realidad o, lo que nos tememos, una voluntad de intimidación y de coacción para poder atacar el proceso que vive Cataluña’.
Turull destaca que estas acciones de represión defienden y protegen ‘los valores de la democracia, los valores fundamentales, la libertad ideológica, la libertad de expresión’ y ha insistido en que no van a admitir ningún tipo de ‘coacciones ni intimidaciones’.
Se desconoce aún el artífice intelectual de esta retahíla de interrogaciones ante los dirigentes de Generalitat, aunque, según el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña (TSJC), el juez de Barcelona encargado de organizar los preparativos del referéndum “no les ha pedido nada a los guardias civiles”.
Por ende, Turull ha argüido que “aquí alguno está engañando, alguno está excediéndose de sus funciones y si además, como se indica en la denuncia, el tono es de intimidación, no lo podemos pasar por alto”.
