Publicado el 24 de septiembre de 2020



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El Ayuntamiento de Valencia declina realizar pruebas PCR a la población y bajar los impuestos en el 2021

El Ayuntamiento de Valencia celebró ayer un pleno extraordinario para debatir acerca de las consecuencias del COVID-19, poniendo sobre la mesa dos iniciativas que llevan unas semanas barajándose. El gobierno municipal ha querido así zanjar ambos temas con una respuesta clara y concisa, primero rechazando que se realicen pruebas PCR masivas a los docentes de los colegios locales y a los vecinos de los barrios más afectados por el coronavirus, y segundo, anunciando que no se bajarán los impuestos en el 2021.

El documento que se presentó con las demandas, tenía en su redacción que se congelara las tasas tributarias y que se estableciera determinadas bonificaciones sin que ello afecte a la estabilidad presupuestaria, un hecho que el edil destacó como primordial, pues descarta que ello pueda afectar al mantenimiento de los servicios públicos. Y es que, la previsión más pesimista expone que en el 2021 se produciría un descenso de unos 60 millones de euros en los ingresos derivados de las recaudaciones y las transferencias.

A ese respecto, el concejal de Hacienda proclamó que el ayuntamiento valenciano continuaría atendiendo la necesidad de pagar a los sectores más afectados, mas sin desechar ni perjudicar la imperante necesidad que tengan los servicios públicos para que conserven intacta su calidad e impulso, pues basa en ellos la reactivación de la economía local y la barrera de emergencia social. Su conclusión es que el 2,5% del presupuesto podrá destinarse como subvenciones a las empresas y los autónomos, asegurándose así que los servicios públicos no se verán afectados.

Sobre el asunto de realizar pruebas PCR a la población, la oposición reclamó que se lleve a cabo varias de ellas, pues la ciudadanía lleva arrastrando el problema de los contagios por todos los barrios, mas el gobierno local sentenció que no pensaba hacer nada al respecto, pues no consideran que sea necesario. En el debate se aportaron pruebas diversas, como que las aguas del alcantarillado devuelven mayores índices del virus, mas no fue suficiente para convencer a la cúpula gubernamental valenciana.

El argumento más manido por el alcalde Ribó se basa en la experiencia de la ciudad de Torrejón, que se gastó millones de euros en pruebas PCR para la población y hoy en día es un municipio con unos índices de COVID-19 altísimos. Según él, las pruebas PCR no bajarán los contagios, y por ello mismo, también rechazó financiar este tipo de pruebas en los docentes.

Donde sí han aceptado actuar es en lo relativo a hacer las pruebas a todos los funcionarios que presenten algún síntoma, para poder actuar lo antes posible con las cuarentenas preceptivas. Todo el personal municipal estará supeditado a ello, incluidos los docentes, mas deben presentar un síntoma evidente de que pueda ser coronavirus.

Por último, se trató el proyecto de repartir mascarillas entre todas aquellas familias que más lo necesiten, una iniciativa que el gobierno local también rechazó. La demanda suscribía que el coste medio de estas mascarillas supone unos 120 euros mensuales, una cifra que es muy alta para algunas familias vulnerables. Según la oposición, insistirán en que se acepte esta medida, pues no entienden cómo luego el Ayuntamiento sí financia mascarillas para colocarlas en los monumentos de la ciudad.

Retraso de 20 días en un pleno violento

El pleno se inició entre nerviosismo y tensión palpable, comenzando la primera intervención de la portavoz del PP, María José Catalá, con una clara protesta al celebrarse la reunión 20 días después de cuando fue solicitada, el 3 de septiembre. Si bien se ha cumplido con el plazo legal, que son precisamente 20 días, para la oposición esta demora transmite que el gobierno local no quiere afrontar la realidad que sucede a su alrededor.

Así mismo, la edil se mostró muy crítica en lo relativo a la limpieza de las áreas públicas, pues se programan las batidas para limpiar cada mes, a veces en un rango mayor incluso, necesitándose que sea el propio Ayuntamiento el que recuerde que se debe hacer.

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