Publicado el 16 de octubre de 2020



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El Ayuntamiento de Gijón aprueba, luego de varios plenos, tasar los pisos vacíos y fijar un precio máximo al alquiler

El Pleno de Gijón se reunió ayer jueves día 15 de octubre para encontrar una solución final ante el problema de la vivienda asentada en la ciudad. En las intervenciones se distinguió dos grupos bien diferenciados, con unos instando a intervenir el mercado, reducir el alquiler e incentivar los pisos sociales, mientras que otros abogaban por combatir la okupación, tramitando leyes que ayuden a las víctimas.

También se estuvo debatiendo acerca del IBI, completando un elenco de disputas entre el gobierno socialista local y los partidos de la oposición. Al final, priorizó el voto de los primeros por mayoría, dando mayor relevancia a favorecer que todos tengan una vivienda digna y relegando a un segundo nivel de importancia el tema de la ocupación.

La nueva ley autonómica de la vivienda dictaminará el brindar una garantía fehaciente para cualquier persona que esté en riesgo de exclusión social o residencial. Para llegar a ellos, el ayuntamiento ha proyectado realizar un censo viviendas vacías, mientras se evalúa de forma paralela un estudio de viabilidad que permita fijar determinados precios máximos al alquiler de cada zona.

Esta iniciativa la contempló recientemente la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras varios años de intentos hasta lograr suscribir la norma autonómica que se lo permite.

La portavoz de Podemos-Equo, Laura Tuero, sostuvo que el plan presenta muchos ingredientes para convertirse en un medio óptimo para salvar a los más necesitados, aportando los datos del Instituto Nacional de Estadística del 2011 donde se refleja cómo en Gijón se contabilizaron 16.551 pisos vacíos. No obstante, y tal y como reflejaron el resto de partidos de la oposición, se requiere datos más actualizados para poder proyectar una ley de ese calibre, pues asentar unas bases sobre datos de hace casi 10 años resulta poco prudente.

Se señaló también el bajo índice de viviendas públicas habidas en la ciudad, concretamente el 2%, un porcentaje que se intentará incrementar en los años venideros. Además, se subrayó cómo en julio se incrementó los alquileres en un 1,9%, esto es, estando en plena pandemia. Todo ello, implica que -de alguna forma- no se puede dejar que el sistema de oferta y demanda funcione de forma arbitraria en manos de los propietarios, sino que hay que regularlo con unas cotas máximas mientras se afianza que los más necesitados puedan disponer de una vivienda, asumiendo su alquiler el gobierno local.

La oposición, sin embargo, rechazó ese último punto alegando que los ciudadanos deben ganarse su calidad de vida de forma equitativa, y si alguien es propietario de una vivienda y puede alquilarla, no debería ser sancionado de esa forma disfrazada en forma de ayuda al necesitado. Según estos partidos políticos, lo prioritario es sintetizar una asociación administrativa que tome las riendas del apoyo legal a las víctimas que sufren una okupación, instando a que no deban pagar impuestos de ningún tipo mientras su vivienda siga okupada. Además, abogan por sancionar a los invasores de viviendas, quitándoles automáticamente cualquier tipo de ayuda o subvención de la que sean beneficiarios y endureciendo las sanciones oportunas por el allanamiento.

Situación actual de los okupas

Alberto López-Asenjo, representante del PP, intervino aludiendo a los recientes incidentes ocurridos en manos de determinados okupas que, lejos de solo ocupar la vivienda, incluso llegaron a atacar a los propietarios. Además, subrayó como una insensatez y un hecho que debe ser revisado ya, que un okupa pueda estar viviendo gratis -durante años incluso- en una casa ajena con todos los suministros pagados y que, al final, la multa máxima estipulada por ley que deben pagar es de 270 euros. El perjuicio que ha sufrido el allanado durante ese tiempo es infinitamente mayor, sin lugar a dudas.

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