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El Ayuntamiento de Córdoba tiene ya casi aprobado el borrador fiscal que pretende aplicar en el 2021, un año que promete ser de curación ante las heridas dejadas por la pandemia del COVID-19 y que ha transformado el glorioso sector turístico en una imagen difusa de lo que fue. El proyecto en cuestión prima la idea de congelar de forma general los tributos y las tasas, o así al menos viene estipulado en el expediente inicial que aún debe ser negociado.
La idea del alcalde, José María Bellido, y el edil de Hacienda, Salvador Fuentes, es que se debe ser consecuente con la realidad que está viviendo la sociedad y que se debe arremeter con una bajada masiva de impuestos, y no solo porque así lo anunció durante la campaña electoral, sino porque el pueblo necesita ese respiro.
Dicha reducción planteada sobre el papel en la reunión del 22 de mayo de 2019, auguraba que la reducción de los impuestos a lo largo de todo el mandato, supondría unos sesenta millones de euros.
Lo cierto es que ese macro plan se puso en marcha de forma efímera y discreta el año pasado cuando se decrementó el IBI de las viviendas rústicas y las tasas de conceptos concretos de los vehículos, como el coste de las motocicletas de menor cilindrada.
No obstante, el panorama actual es muy distinto al habido entonces. Las secuelas del COVID-19 ha hecho que la recaudación del Ayuntamiento haya mermado de forma tan radical que ahora son todo pérdidas. Han sido muchos los negocios que han tenido que poner el candado, mientras que las que han abierto o reanudado su actividad, apenas logran tributar un tercio de lo que hacían antes. Ante todo ello, el Ayuntamiento que ostenta un superávit de 22 millones de euros, duda en cómo estará el próximo año si las cosas siguen igual, aunque sabe que dicho dinero está para el pueblo y en él debe invertirse, sobre todo cuando más lo necesita.
Problemas con la aplicación del plan
El principal problema que está acaeciendo para dar luz verde a la idea del Ayuntamiento de usar todo su dinero en la ciudadanía es que el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, desconvocó a la junta directiva y canceló la reunión pertinente por aferrarse a la ordenanza gubernamental de permitir usar cierta cantidad del superávit en créditos al Gobierno, una medida que congelaría todo plan de inversión general como este del Ayuntamiento de Córdoba.
El alcalde del Consistorio, en contraposición, ha adelantado que optará por llevar el caso al Tribunal Constitucional alegando que se está vulnerando la autonomía municipal.
Ante tales circunstancias, aplicar una congelación fiscal es la alternativa legal y permitida por la que ha apostado el Ayuntamiento, siendo consciente que tal hecho puede ocasionar problemas derivados en otros sectores. Y es que, desde el Consistorio recalca que se debe tener siempre a la vista la prioridad de sostener las cuentas municipales y la prestación de servicios públicos aquejados de un sobrecoste por la factura sanitaria del coronavirus.
Otro de los objetivos principales es proteger la prestación de servicios públicos en un momento de grandes incertidumbres para la sociedad y la economía.
El gobierno local de Córdoba posee ya sobre la mesa las primeras propuestas sobre las ordenanzas fiscales. Así, por ejemplo, tiene apuntado el caso del Consejo del Movimiento Ciudadano que solicitó gravar la ampliación de las terrazas que pidan un mayor espacio para sus negocios, o poner en marcha una política tributaria desigual para el Casco Histórico con el propósito de frenar la despoblación de algunos de estos barrios. Y es que, como afirma el alcalde, el Ayuntamiento no debe incrementar las cargas a las pymes o a los autónomos en este momento tan crítico, sino ayudarlo.
