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Las comunidades autónomas se tendrán que ajustar a una regla importante de gasto antes de determinar sus propios presupuestos autonómicos. En este caso, según marque la normativa europea y el Gobierno, y además podrán ser sancionadas si no cumplen los objetivos fijados teniendo siempre en base a los criterios de ‘reincidencia’ y la ‘gravedad’ del incumplimiento.
Según la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cada comunidad podrá establecer sus cuentas y, si hay alguna desviación, se podrá sancionar para fijar los objetivos. Según Sáenz de Santamaría, los mecanismos podrían ser reducciones obligatorias sobre el PIB en los presupuestos de las administraciones responsables.
Al finalizar el periodo transitorio, a partir del año 2020, todas las administraciones públicas presentarán déficit o superávit, de manera que el primero no podrá superar el 0,4% del PIB y la deuda no podrá superar el 60% del PIB regional.
Todo ello surge de la aprobación del pasado decreto Ley que se realiza bajo diversos objetivos, como fortalecer la confianza en las posibilidades de España y cumplir los tratados que ha fijado España en Bruselas.
Como ya venimos apuntando estos días, se espera próximamente una reducción del sector público en las comunidades. Desde el Gobierno establecen que ‘Los ciudadanos quieren un esfuerzo de austeridad’, y que con ello se conseguirán ‘acuerdos importantes’ para que la economía crezca nuevamente.
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